Es triste de pedir, pero más triste es de robar.

Se acaba de presentar en el Congreso el anteproyecto de la nueva Ley de Economía Sostenible propuesta por el Partido Socialista. El modelo, presentado en 198 páginas y que aspira a modificar determinados mecanismos económicos actuales, incluye apartados más que loables, poniendo el acento en I+D+I, actuaciones medioambientales, reducción de trabas administrativas en la creación de nuevas empresas o medidas para evitar la mora en el pago de la Administración Pública y ayuntamientos. Hasta ahí todo bien, de no ser porque este refrito de buenas intenciones ya se ha intentado aplicar por separado anteriormente y no sólo no se ha sabido hacer, sino que se ha convertido en una cadena de despropósitos que, a menudo, han contradicho en la práctica cada una de las promesas del ejecutivo nacional. Sólo hay que repasar los recortes en investigación (que entre otras cosas, llevaron a la dimisión al reputado científico Mariano Barbacid) el desastre en la promoción y gestión de un nuevo modelo energético más limpio y la falta de un compromiso real sobre los protocolos internacionales de reducción de gases, o las deudas millonarias que acumulan muchos consistorios y administraciones que han llevado a la ruina a miles de empresas.

Además, esta ley se ha presentado sin un acuerdo con los agentes sociales y sin haber alcanzado un consenso con los 17 gobiernos autonómicos, lo que evidencia aún más su naturaleza meramente intencional, desprovista de recursos reales para su aplicación.

Como colofón, se ha incluido en la disposición final primera del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible la posibilidad de interrumpir Internet, previa autorización judicial, a aquellos abonados que descarguen archivos protegidos por derechos de autor, para lo que el texto prevé modificaciones en otros dos textos, la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y la Ley de Servicios para la Sociedad de la Información (LSSI). Esta medida, similar a la de los gobiernos francés y británico, persigue de manera encubierta la libertad de los usuarios de Internet, espiando su comportamiento desde una comisión de arbitraje (Comisión de la Propiedad Intelectual) que se creará a tal efecto desde el Ministerio de Cultura de González-Sinde, y anteponiendo determinados intereses económicos a los derechos individuales de los ciudadanos. “Comisión independiente compuesta por expertos", según la ministra. Independiente y expertos. Ja.

Así, y desde esta misma mañana, diferentes profesionales de la Red, periodistas, bloggers y usuarios, han colgado en sus webs el siguiente manifiesto "en defensa de los derechos fundamentales en Internet". He de decir que con algunos puntos coincido plenamente y con otros tengo discrepancias, pero en cualquier caso me parece de interés informativo su difusión:

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Desde este blog quiero manifestar mi apoyo a artistas y creadores, pilares fundamentales de la cultura de cualquier país, reconociendo su preocupación y defensa legítima de su trabajo, pero no puedo dejar de afirmar que éste no es el camino. Internet ha venido para quedarse, y los nuevos medios de distribución sustituirán (ya lo están haciendo) a los tradicionales. El soporte físico está abocado a su desaparición de manera irremediable y, más pronto que tarde, cedés y vinilos serán objetos de coleccionista. Por si esto fuera poco, con Internet se ha facilitado el acceso a la cultura a las clases sociales menos pudientes, por no hablar de la promoción que significa, a través de plataformas como myspace, para aquellos músicos noveles que ven cerradas las puertas de la industria tal y como la habíamos conocido hasta ahora. La única vía de negociación pasa, sin duda, por el convencimiento de que el mercado discográfico ha mutado, que la situación es distinta, y las medidas a adoptar deben mirar al futuro, y no al pasado, para ir en consonancia con estos nuevos tiempos. El CD ha muerto. ¡Viva la música!

Imagen tomada prestada de aquí.